Era verano cuando llegó a las manos de la Policía Nacional una denuncia anónima que alertaba de un delito jamonero. Según esa mano acusadora, había una potente empresa con instalaciones en Leganés (Madrid) y Seseña (Toledo) en la que se cometían graves irregularidades, entre ellas, se estampaba un falso certificado sanitario en los jamones. El documento, sin firma, apuntaba a que la compañía denunciada había robado este código único que identifica al matadero del que sale cada pieza y lo imprimía en sus productos. Los investigadores policiales, que se convirtieron en cuestión de meses en unos expertos en el sector cárnico, querían estar seguros de qué buscar cuando entraran en esas naves. Y lo que hallaron fue lo que buscaban: el sello falsificado a la vista de todos encima del mueble de un extintor.
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18 mayo, 2024